Banco Interamericano de Desarrollo El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para proyectos económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. Además de préstamos, subvenciones y garantías de crédito, el BID realiza proyectos de investigación de vanguardia para brindar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas más urgentes de nuestra región. Hoy el BID tiene especial interés en fomentar un ecosistema de innovación y emprendimiento para escuchar, inspirar, experimentar y co-crear soluciones en América Latina y el Caribe.
Innovation Lab del BID Desde 2007 el Innovation Lab(I-Lab) del BID aplica la metodología de la innovación social generando plataformas donde los propios ciudadanos definen y priorizan sus problemas, y se conectan con quienes tienen las capacidades, intereses y recursos para atenderlos: gobiernos, empresas, universidades y ONG a nivel local, regional y mundial. En esta iniciativa, al reunirnos con jóvenes privados de libertad, ellos revelaron el problema de su estigmatización e integración laboral al que queremos buscar soluciones innovadoras. Creemos que las personas que se benefician de nuestros proyectos tienen un conocimiento único de sus problemas y por tanto necesitan pasar de la periferia al centro mismo del proceso de innovación. Para que ello ocurra se requiere de un espacio de intersección entre una comunidad que comparte un problema y quienes tienen el conocimiento, el capital y las redes para resolverlo. Para este proyecto hemos trabajado en conjunto con la iniciativa de seguridad ciudadana del BID.
Iniciativa de Seguridad Ciudadana del BID En 2012, el BID lanzó la Iniciativa de Seguridad Ciudadana, que busca contribuir, a través de recursos de asistencia técnica no reembolsables, a la mejora del diseño, planificación, gestión y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad ciudadana y justicia. La Iniciativa apoya a entidades gubernamentales; a niveles local, nacional y regional; y la sociedad civil en tres áreas específicas: 1. mejorar la generación y disponibilidad de datos relacionados con el delito y la violencia, 2. fortalecer la capacidad de las instituciones que crean políticas públicas de seguridad ciudadana, y 3. promover el intercambio de conocimiento y buenas prácticas.