En América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor tasa de criminalidad en el mundo. Hay 1,5 millones de personas en prisión, una cifra que no considera el número de personas que ya han sido liberadas, ni las que están por entrar. Más impactante aún es que el 55% de ellos no cuenta con una sentencia judicial. En algunos países hasta más de 80% de las personas privadas de libertad siguen en detención preventiva sin sentencia.
Cuando una persona es encarcelada, se desencadena un círculo vicioso: su nivel de educación y formación se deteriora durante su sentencia y sus redes sociales se limitan mayormente a quienes conoce en reclusión. Al salir de prisión, la persona es estigmatizada por haber estado presa y sus antecedentes penales le hacen difícil conseguir un empleo. A pesar de haber cumplido una condena, su pena parece perpetua ya que su reintegración a la sociedad y al mundo laboral se vuelve un desafío enorme.
La reinserción social y económica de las personas liberadas de prisión es clave para los países de la región. No solo por el aspecto de mejorar la seguridad, enfocado en evitar la reincidencia, sino también desde el aspecto económico. Una reintegración laboral exitosa los convierte en activos contribuyentes de la economía, en aportantes a sus familias y además reduce los costos fiscales que conlleva el sistema penitenciario para los gobiernos. Finalmente, al ofrecer una segunda oportunidad que permita la rehabilitación verdadera a una población tan invisible y vulnerable, se fomenta una cultura de empatía que fortalece el tejido social y contribuye para crear una sociedad más equitativa, clave para el desarrollo de un país.
La estigmatización y la reinserción laboral son problemas complejos, con componentes culturales, educativos, de imagen, percepción social y prejuicio, así como también de prácticas y leyes discriminatorias. El encarcelamiento de una persona también genera un estigma en sus familiares cercanos como hijos e hijas, parejas, padres, etc., quienes muchas veces se encuentran en situaciones vulnerables parecidas. Al mismo tiempo, las familias juegan un papel clave en el proceso de reinserción, por lo cual son un grupo importante a considerar en los esfuerzos de reintegración. Con este desafío en mente, estamos ansiosos de recibir sus propuestas y videos, ¡sean innovadores!
¹ World Prison Brief
Cómo el BID atiende este desafío
Desde hace más de una década, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estamos trabajando de la mano de los países para concebir y llevar a cabo estrategias innovadoras de reducción y prevención de la violencia. El enfoque del Banco en el área de seguridad ciudadana es integral y multisectorial, priorizando la atención a la población más vulnerable: jóvenes y mujeres que viven en comunidades marginalizadas. Así como, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad ciudadana en particular, el Sistema de Justicia Penal Criminal. En cuanto a los sistemas penitenciarios, nuestra prioridad es el individuo, su rehabilitación y su efectiva reinserción a la sociedad en concordancia con sus derechos fundamentales. En el Banco, nos enfocamos en tres áreas estratégicas: • La mejora de la gestión penitenciaria • La efectividad de los programas de atención y reinserción • Articulación con actores estratégicos como la sociedad civil y el sector privado
Con esta perspectiva, actualmente, estamos implementando varias operaciones en Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guyana y Bahamas. A nivel regional, estamos apoyando, en Centroamérica y el Caribe, al desarrollo de un Modelo Integral Penitenciario, que oriente las políticas y programas de rehabilitación que responda a los desafíos de estas subregiones. Además del apoyo operativo y financiero que el BID brinda a los países, también hemos impulsado una agenda de investigación: Primero, estamos apoyando a los países a generar estadísticas de calidad sobre los registros de internos, la situación institucional de los centros penitenciarios y el perfil de los privados de libertad. Segundo, estamos desarrollando evaluaciones que permitan ampliar el conocimiento sobre la efectividad de las políticas justicia criminal y estamos tratando de responder a preguntas como: o Son los programas de rehabilitación y reinserción eficientes en reducir la reincidencia? o Son costo – efectivas los programas alternativos vis a vis al encarcelamiento? o Cuál es la mejor manera de involucrar al sector privado en la reinserción económica y social de los privados de libertad? Finalmente, también hemos impulsado la cooperación y el intercambio de experiencias a nivel regional y subregional entre los directores penitenciarios, académicos, expertos, e instituciones que contribuyan a este desafío. De igual forma, estamos construyendo alianzas con instituciones multilaterales y de investigación a nivel mundial.
Conoce el trabajo del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID
Hablamos con Olga Espinoza, Directora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, sobre el desafío de la estigmatización y reinserción laboral de personas privadas de libertad en la región.
Cómo describiría la situación actual en la región? ¿Qué se está haciendo, existen ejemplos destacables?
En América Latina y el Caribe existen esfuerzos por promover actividades de reinserción, sin embargo la inversión pública es insuficiente, lo que genera diversos problemas, entre ellos, que las personas que pasan por la cárcel egresen de ella sin habilidades para reinsertarse y tengan más probabilidades de volver a delinquir. Si a ello se suma el estigma que genera el paso por la cárcel, se reducen aún más las posibilidades de insertarse positivamente en la comunidad. Existen iniciativas interesantes, sobre todo aquellas que ejecutan en alianza entre organismos públicos y la comunidad, tales como algunos programas de reinserción post carcelaria promovidos por algunos municipios en Chile, los Consejos de la Comunidad en Brasil o programas de reinserción ejecutados por ONGs en la ciudad de Nueva York.
¿Por qué es importante innovar en el abordaje de estas problemáticas en América Latina y el Caribe?
En términos generales es fundamental generar todas las condiciones para promover la reinserción y consecuentemente reducir la reincidencia, pero el componente de innovación involucra a una comunidad pensando creativamente en soluciones para alcanzar este objetivo. Es decir, deja de entenderse la reinserción como una responsabilidad exclusivamente pública y de la persona que delinquió, para asumirse como responsabilidad más colectiva.
¿Cuál cree que puede ser el reto más grande para la implementación exitosa de nuevas soluciones en este ámbito?
Considero que el desafío más importante es la sostenibilidad de las iniciativas, tomando en consideración el reducido apoyo de la opinión pública a asuntos relacionados con la cárcel y la inexistencia de políticas penitenciarias con un foco claro y prioritario en la reintegración social.
1.En América Latina, entre 1995 y 2012,
la tasa de reclusos por 100,000 habitantes creció
de 101.2 a 218.5, representando un incremento del
Fuente: Blog Sin Miedos del BID
2.Población reclusa sin condena en América Latina y el Caribe
Fuente: WorldPrisonBrief
3.Gasto público en el sistema penitenciario como % del PIB (en u$s de 2014)
En promedio la región gasta aproximadamente un 0,15% del PIB. Esta cifra no parece muy alta para la mayoría de los países. Sin embargo, para ponerla en perspectiva, es un 50% superior al costo de financiar en su totalidad a los principales programas gubernamentales para el combate a la pobreza en México (Prospera) y Brasil (Bolsa Família).
Fuente: Gasto público federal. Cálculos propios con base en los presupuestos de los países, World Bank WorldDevelopmentIndicators y EconomicPerspectivesonIncarceration and the Criminal JusticeSystem. *Datos del 2011. **Datos del 2012. Laura Jaitman, Blog Sin Miedos del BID
4.
En la década de 1980, la opción carcelaria pareció ser una respuesta efec¬tiva al problema de la criminalidad, dando origen a la denominada era de ’la Cárcel Funciona’ . Como consecuencia de esta tendencia, desde inicios de la década de 1990 las cárceles han visto incrementar su población, con el consecuente resultado de hacinamiento, deficientes condiciones de vida al interior de los penales, relaciones interpersonales teñidas de violencia, bajo nivel de acceso a programas carcelarios, di¬ficultades para beneficiarse de salidas anticipadas, entre otras numerosas consecuen¬cias de esta tendencia.
Al entrar a una cárcel, la persona debe adaptarse a las reglas del encarcelamiento, las que validan la actividad delictiva y son radicalmente distin¬tas a las reglas sociales convencionales que, se supone, la persona debe incorporar a fin de no reincidir . Esto es lo que se ha llamado ‘desventaja acumulativa’, es decir, las consecuencias de la delincuencia fortalecen las causas que dieron su origen y fo¬mentan la continuidad de ésta, aumentando así las posibilidades de reincidencia .
De esta forma, las posibilidades reales de los reclusos y las reclusas de reintegrarse a la sociedad manteniéndose alejados de la actividad delictiva, no está garantizada bajo ningún punto de vista por el sólo hecho de haber cumplido una condena priva¬tiva de libertad. Por el contrario, existe evidencia que señala que el encarcelamiento, incluso por periodos cortos, genera un impacto poderoso en las relaciones familia¬res, sociales y en las posibilidades futuras de empleo, al mismo tiempo que genera consecuencias a nivel subjetivo difíciles de evaluar . Investigaciones sugieren que la reincidencia después del encarcelamiento es la norma más que la excepción, en definitiva, la relación entre encarcelamiento y reincidencia es estrecha .
El problema de la reinserción se sitúa en un punto de confluencia entre los intereses del sistema de justicia criminal y los de la seguridad pública. Es decir, la reinserción de infractores de ley, además de técnica, es finalmente una decisión política comple¬ja en tiempos en que la supuesta demanda pública por mayor dureza en las penas y la necesidad efectiva de reinsertar productivamente al alto número de personas que salen de la cárcel para volver a su comunidad pone en jaque la posición punitiva y el enfoque reintegrativo . A partir de esto, se entiende que en las últimas décadas los esfuerzos se hayan abocado a encontrar qué tipo de intervenciones son efectivas en materia de reinserción y de qué forma puede evaluarse el impacto que tengan és¬tas intervenciones tanto sobre la reincidencia delictiva como sobre la reintegración del recluso o reclusa a la sociedad.
1 Hedderman, C. “Rediscovering Resettlement: Theory, Policy and Research” A. Hucklesby and l. Hagley-Dickinson (Eds.) Prisoner Resettlement. Policy and Practice, Cullompton, Willan Publishing (2007): 9-25.
2 Farrall, S. y Calverley, A. Understanding Desistance from Crime. Maidenhead, Open University Press: 2006.
3 LeBel, T., Burnett, R., Maruna, S., y Bushway, S. ‘The “Chicken and Egg” of Subjective and Social Factors in Desistance from Crime’. European Journal of Criminology 5.2 (2008): 131-159.
4 Farrall, S. y Calverley, A. op. cit.
5 Gendreau, P., Little, T. y Goggin, C. “A Meta-Analysis of the Predictors of Adult Offender Recidivism: What Works!”. Criminology 4.4 (1996): 575 - 607.
6 Petersilia, J. When Prisoners come Home: Parole and Prisoners Reentry, Oxford, Oxford University Press: 2003.
7 Visher, C. “Effective Reentry Programs”. Criminology and Public Policy, 5.2 (2006).
De la publicación: Reduciendo la Reincidencia Delictiva: Metodología Estandarizada para el Monitoreo y la Evaluación de Proyectos y Programas de Reintegración Social Orientados a la Disminución de la Reincidencia Delictiva, p.91, OEA.
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Aquí pueden encontrar una selección de videos en inglés y español sobre la temática: