América Latina y el Caribe presentan los índices de criminalidad más altos del mundo. El crimen presenta un desafío enorme con altos costos fiscales para los gobiernos de la región, como también para sus sociedades. Una persona puesta en prisión, entra en un círculo vicioso y su futuro social y económico se deteriora casi inmediatamente: Su nivel de formación adquirido posiblemente se pierde o deteriora durante su sentencia y la persona es estigmatizada hasta mucho tiempo después de ser liberada por la sociedad. Luego de salir, sus opciones laborales están reducidas, su acceso a servicios públicos puede ser limitado o hasta negado por reglas existentes contra personas con antecedentes penales, y sus redes sociales se limitan mayormente a quienes conoce en la cárcel. Sin capital humano, social y financiero es muy difícil romper ese círculo.
El objetivo de esta iniciativa es identificar los retos relacionados con los jóvenes en conflicto con la ley en América Latina y el Caribe para mejorar su inserción económica y social tras su condena. La iniciativa se diseña partiendo de la idea de que las personas privadas de libertad tienen un conocimiento único sobre el fenómeno de la criminalidad. Al recibir la oportunidad de compartirlo, este conocimiento puede servir como base para generar ideas innovadoras. Partiendo de esa idea, se busca involucrar a jóvenes (entre 14 y 24 años) privados de libertad en un proceso de innovación social mediante el cual puedan expresar sus ideas, y crear oportunidades para que ellos trabajen con otros actores de la sociedad (jóvenes universitarios, ONGs, expertos en criminalidad, empresas, entre otros), tanto en la prevención del delito como en el desarrollo de propuestas innovadoras para mejorar sus oportunidades de integración económica y social una vez que hayan cumplido su condena.
Al momento se han preseleccionado tres centros de detención de jóvenes de entre 14 y 24 años de edad, dos en Bolivia y uno en Chile. Estos centros presentan varias ventajas para la tarea propuesta. Primero, tienen un enfoque de reinserción en lugar de un enfoque punitivo. En segundo lugar, son centros que ya trabajan en red con ONG y universidades, lo cual se espera que facilite la generación de nuevas redes bajo la metodología del I-Lab. Se busca ayudarles a convertir sus problemas en ideas a partir de las cuales se puedan desarrollar - con el apoyo de una red de educadores, universitarios, especialistas y empresarios, entre otros - proyectos para mejorar la inserción económica y social de personas privadas de libertad. El proyecto se encuentra en su inicio, no obstante, desde ahora se pueden observar los previsibles beneficios de sentar en la mesa de discusión del fenómeno de la criminalidad a actores nuevos, como aquellos provenientes del sector de la ciencia, tecnología e innovación, los directores de programas de empleo y los propios jóvenes privados de libertad.